Estas son las instituciones del gobierno de México que vigilan tus comunicaciones

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En México es común que las autoridades gubernamentales intervengan las comunicaciones privadas de los ciudadanos cuando consideran que están incurriendo en algún delito. Para escuchar las llamadas o revisar los datos enviados a través de internet entre los usuarios, deben solicitar a un juez la aprobación.

Sin embargo, organizaciones civiles temen que la intervención telefónica sea usada por el gobierno para espiar a líderes políticos, a miembros de organizaciones sociales, a empresarios o incluso a opositores gubernamentales. Recientemente la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó el informe El Estado de Vigilancia Fuera de Control, en el que da cuenta de las solicitudes que han hecho las instituciones para vigilar las conversaciones de los mexicanos.

El informe muestra que de acuerdo con datos de las propias autoridades de 2013 a 2015 se hicieron 3.182 solicitudes para poder intervenir líneas de comunicación privadas por parte de instituciones mexicanas, de las cuales 3.012 fueron aceptadas por distintos jueces federales. Las dependencias que realizaron casi la totalidad de las solicitudes son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).

Tan sólo en 2015 el CISEN solicitó a las autoridades judiciales intervenir 696 comunicaciones privadas, sólo siete de éstas fueron rechazadas. La PGR hizo 264 solicitudes, pero 16 fueron negadas. La PF hizo 136, pero les negaron 33. Es decir que las tres instituciones intervinieron 1.040 comunicaciones el año pasado.

Aunque sabemos que de 2013 a 2015 estas tres dependencias realizaron más de 3.000 solicitudes de intervención telefónicas, el número de ciudadanos vigilados no pudo conocerse ya que en un solo requerimiento se puede vigilar a múltiples personas, señala la R3D.

Cada individuo, además, puede ser vigilado en varios dispositivos, y el informe señala que entre esos dos años la PGR vigiló las comunicaciones de 3.672 dispositivos electrónicos y la PF de 1.781. Asimismo la PGR es la institución que más solicitó en 2015 el acceso a datos de ciudadanos que las empresas de telecomunicaciones conservan, fueron un total de 8.140 requerimientos hechos por la Procuraduría.

La investigación de la Red duró más de un año y se basó en cerca de 600 solicitudes de acceso a la información pública, realizadas a autoridades federales y estatales. No obstante, se interpusieron alegatos en más de 200 por no responder a la información requerida, por ello, hay varias solicitudes sin respuesta.

Sin embargo, lo más preocupante quizá sea el escaso control judicial de las intervenciones telefónicas. “Se ha promovido la expansión de las facultades legales para llevar a cabo medidas de vigilancia sin que al mismo tiempo se hayan impuesto controles democráticos a las mismas. El marco legal se ha diseñado deficientemente, a veces de manera deliberada, para dar pie a interpretaciones que permitan a más autoridades vigilar sin contrapesos institucionales”, explica el documento.

Además la Red señala que la gran mayoría de las medidas de vigilancia se ha llevado a cabo sin control judicial. También que un número importante de autoridades han ejercido la vigilancia, e incluso han adquirido millonarias capacidades tecnológicas altamente invasivas, sin siquiera tener facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.

Asimismo, “se ha documentado también que la utilización de medidas de vigilancia por autoridades de procuración de justicia no ha tenido como resultado ejercicios de acción penal, sino que la gran mayoría de los casos se han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable comisión de un delito”.

El informe pone como ejemplo el caso de la empresa italiana Hacking Team, la cual vendió servicios de hackeo a distintas instituciones mexicanas. De 35 países a los que la empresa ha ofrecido su servicio, México es el principal cliente. El gobierno mexicano pagó a la empresa especializada en espionaje cibernético 5 millones 808 mil 875 euros, una cifra que supera los 4 millones de euros pagados por el gobierno italiano.

Entre las instituciones que pagaron los servicios de Hacking Team se encuentran el CISEN, la PGR, la PF, el Ejército Mexicano, la Marina Armada, Petróleos Mexicanos y distintos cuerpos de seguridad de los gobiernos locales. “Es importante señalar que la gran mayoría de las autoridades que adquirieron el software de Hacking Team no poseen facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas, por lo que tanto su adquisición como su uso es claramente ilegal”, señala el informe.

Finalmente el documento explica que los esfuerzos de la sociedad civil han permitido hacer resistencia al avance de la lógica de la vigilancia sin controles. “A través de distintos recursos, se han logrado establecer obligaciones de transparencia que nos permitirán conocer y evaluar mejor el alcance y volumen de la vigilancia en el país; el litigio estratégico y la incidencia han permitido que hoy todas las medidas de vigilancia requieran de control judicial y las autoridades facultadas para ejercer vigilancia estén delimitadas claramente por el poder judicial”.